A raíz de las modificaciones normativas aprobadas en los últimos años, se han mejorado las condiciones de esta reserva para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2025, de la siguiente manera:

Esta ventaja fiscal puede ser aplicada por los contribuyentes sujetos al tipo general del 25 por ciento, al tipo del 23 por ciento o al tipo del 30 por ciento, según lo previsto en los artículos 29.1 y 29.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

También se incluyen las entidades de nueva constitución que desarrollen actividades económicas y tributen al tipo del 15 por ciento durante el primer período impositivo en el que su base imponible sea positiva y el siguiente.

Requisitos

Los contribuyentes que apliquen la reserva de capitalización tendrán derecho a una reducción de la base imponible del 20 por ciento sobre el incremento de sus fondos propios, siempre que cumplan los siguientes requisitos.

Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 23 por ciento, el 26,5 por ciento o el 30 por ciento cuando la plantilla media total del contribuyente durante el período impositivo haya aumentado con respecto al año anterior, en los términos previstos por la ley.

Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un período de 3 años a partir del final del ejercicio fiscal al que se aplica esta reducción, salvo que la entidad registre pérdidas contables.

A efectos de determinar dicho incremento, no se considerarán como patrimonio neto al inicio y al final del ejercicio fiscal, entre otros:

• Los resultados del mismo ejercicio y los resultados del ejercicio anterior.
• Las aportaciones de los socios.
• Las ampliaciones de capital o de patrimonio neto mediante compensación de créditos.
• Aumentos del patrimonio neto derivados de operaciones con acciones propias o de reestructuraciones.
• Reservas legales o estatutarias.

Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta a la hora de determinar si el aumento del patrimonio neto se mantiene en cada período impositivo en el que sea exigible.

La reserva de capitalización constituida formará parte del patrimonio neto al inicio y al final del ejercicio, al igual que las demás partidas que lo componen y que no se excluyen a efectos de determinar su incremento y posterior mantenimiento.

Deberá constituirse una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con una separación clara y un epígrafe adecuado, y no podrá disponerse de ella durante 3 años.

No se considerará que la reserva ha sido utilizada, entre otras circunstancias, cuando un socio ejerza el derecho de retirada, en determinadas operaciones de reestructuración societaria o cuando su aplicación sea impuesta por obligación legal.

El incumplimiento de los requisitos para la reducción correspondiente a la reserva de capitalización dará lugar al ajuste de los importes indebidamente reducidos, así como a los correspondientes intereses de demora.

Límite de reducción

La reducción de la base imponible no podrá exceder en ningún caso del 20 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo anterior a dicha reducción.

Para los contribuyentes cuyo volumen de negocios neto sea inferior a 1 millón de euros, este límite será del 25 por ciento.

Insuficiencia de la base imponible

En caso de que la base imponible sea insuficiente para aplicar la reducción, los importes pendientes podrán aplicarse durante los ejercicios fiscales que finalicen en los 2 años inmediatamente posteriores al cierre del ejercicio fiscal en el que se generó el derecho a la reducción.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros.

Assessoria en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Reserva de Capitalización first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Con la publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas y entidades con 50 o más personas trabajadoras quedaron obligadas a implementar un Sistema Interno de Información.

La Ley subraya la importancia de contar con sistemas internos que faciliten la gestión de información y aseguren el cumplimiento de los estándares éticos y legales.

Cronología de la obligación

Desde 13 de junio de 2023, estaban obligadas a su implementación las empresas privadas con 250 o más personas trabajadoras, así como aquellas sujetas a regulaciones específicas, como la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Desde 1 de diciembre de 2023, la obligación se amplió a todas las empresas y entidades con 50 o más personas trabajadoras.

La norma también aplica a las administraciones públicas.

Finalidad del Sistema Interno de Información

El objetivo principal del Sistema Interno es proteger a las personas informantes frente a posibles represalias, fortaleciendo:

• La cultura de la información y comunicación dentro de la organización.
• Las infraestructuras de integridad de las entidades.
• La prevención y detección de actuaciones irregulares.

Las organizaciones deben garantizar que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima, tanto por trabajadores como por otros terceros vinculados a la entidad que tengan información sobre infracciones en el contexto laboral o profesional.

En la práctica, los canales de denuncia suelen permitir la comunicación de hechos constitutivos de acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo y otros actos de acoso o discriminación.

Los nuevos Sistemas de Información Interno deben integrar todos los canales internos existentes, incluyendo los relacionados con situaciones de acoso.

Implementación y gestión

Implementar un sistema requiere planificación y ejecución cuidadosa para cumplir con la normativa y evitar posibles sanciones. Los pasos principales incluyen:

1. Elección del canal interno de información:
   • Debe permitir comunicaciones anónimas y garantizar la confidencialidad.
   • Respetar los principios de presunción de inocencia y honor de las personas afectadas.
   • Asegurar la confidencialidad durante todo el proceso de investigación.
2. Plazos y recepción de información:
   • Acreditar recibo de las comunicaciones en 7 días.
   • Completar la investigación en un plazo máximo de 3 meses.
3. Consulta y formalización:
   • Someter el canal a consulta de la Representación Legal de los Trabajadores.
   • Formalizarlo mediante acta de acuerdos por el órgano de administración.
   • Redactar la política interna, incluyendo:
     • Principios de funcionamiento.
     • Designación de la persona responsable de la gestión.
     • Garantías para todas las personas implicadas en el procedimiento.
4. Comunicación interna y externa:
   • Informar a trabajadores y proveedores sobre la existencia del sistema implementado y cómo utilizarlo. 

Consideraciones para grupos de empresas

La normativa contempla la política general del Sistema Interno de Información para grupos de empresas según el artículo 42 del Código de Comercio. La extensión de políticas internas a todas las sociedades del grupo o el nombramiento de un responsable único puede ser un indicio de la existencia de grupo de empresa a efectos laborales, un aspecto relevante a considerar al configurar el sistema.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros.

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN SL

The post Sistema Interno de Información first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Este blog analiza cómo funciona este incentivo fiscal y su impacto en la tributación de las pymes.

Marco normativo

La normativa se recoge en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

Según esta normativa:

• Las empresas con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros se consideran pequeñas y medianas empresas.
• Estas empresas pueden acogerse a diversos incentivos fiscales específicos.
• Un ejemplo destacado es la amortización acelerada de los nuevos activos fijos tangibles e intangibles y de las inversiones inmobiliarias utilizadas en una actividad empresarial.

La normativa permite aplicar una tasa de amortización doble de la tasa máxima de amortización lineal establecida en las tablas fiscales, lo que permite que una mayor proporción del coste del activo sea deducible fiscalmente en los primeros años.

Tratamiento contable y diferencias temporales

Desde el punto de vista contable, la amortización se contabiliza de acuerdo con la vida útil estimada del activo, siguiendo los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad y, por lo general, utilizando porcentajes similares a los de las tablas de amortización.

Por el contrario, la normativa fiscal permite a las pymes aumentar la tasa de amortización a efectos fiscales mediante la aplicación de la amortización acelerada.

Esta diferencia entre:

• la amortización contable, y
• la amortización fiscalmente deducible

genera una diferencia temporal entre el resultado contable y la base imponible a efectos fiscales.

Esta diferencia es temporal porque:

• en los primeros años, el gasto fiscal es superior al contable
• en los años siguientes, la situación se invierte

Por consiguiente, no se trata de una reducción permanente del impuesto, sino de un aplazamiento temporal de la carga fiscal.

Ejemplo práctico

• Supongamos que una pyme adquiere una máquina por valor de 100 000 €.
• Tasa de amortización según las tablas: 10 % anual.
• Amortización contable normal
• Amortización anual:
• 100 000 × 10 % = 10 000 €
• Plazo: 10 años
• Amortización fiscal acelerada
• Tasa doble para pymes: 20 %
• Amortización fiscal anual:
• 100 000 × 20 % = 20 000 €
• Duración aproximada: 5 años
• Diferencia temporal generada

Primer año:

Si el tipo impositivo es del 24 %, la reducción fiscal temporal será: 10 000 × 24 % = 2 400 €

Esto significa que la pyme paga menos impuestos en los primeros años, lo que mejora su flujo de caja, aunque esta diferencia se compensará en el futuro.

La amortización acelerada es uno de los incentivos fiscales más importantes del régimen de pequeñas empresas. Este mecanismo permite adelantar la deducción fiscal del coste de los activos, reduciendo así la base imponible en los primeros años.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y contable, este incentivo genera diferencias temporales entre el resultado contable y la base imponible, ya que la amortización contable se calcula en función de la vida útil del activo, mientras que la normativa fiscal permite tasas más elevadas.

Por lo tanto, la amortización acelerada no reduce el impuesto de forma permanente, sino que permite aplazar parte de la carga fiscal, lo que puede contribuir a mejorar la capacidad de inversión y la liquidez de las pymes.

.

The post Posibilidad de aplicar la amortización acelerada a las Empresas de Reducido tamaño first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, que reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva de la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación parcial con o sin contrato de relevo.

En esta entrada se destacan las características y requisitos para acceder a la jubilación parcial mediante un contrato de relevo.

Jubilación parcial con contrato de relevo

Los trabajadores con contrato de trabajo a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo y cuando reúnan los siguientes requisitos:

• Deberán estar contratados a jornada completa y debe celebrarse simultáneamente un contrato de relevo.
• La edad mínima será (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):
• • Si tienen la condición de “mutualistas”, 60 años de edad real.
  • Si no tienen la condición de mutualistas, la edad mínima se determinará en cada momento conforme al calendario legal vigente, en función de los períodos de cotización acreditados, de acuerdo con la normativa transitoria aplicable hasta el año 2027.
  • Si no tienen la condición de mutualista y están afectados por la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la LGSS, 61 años de edad real.
• Cumplir con el período mínimo de cotización:
  • 33 años de cotizaciones efectivas, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año.
  • 30 años de cotizaciones efectivas, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras, ni el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, para quienes resulte de aplicación la disposición transitoria cuarta, apartado 5.
  • 25 años, en el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, a partir de 01-01-2013.
• Se exige una antigüedad en la empresa de al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del E.T, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
• El trabajador que accede a la jubilación parcial, relevado, pactará con su empresa la transformación de su contrato a tiempo parcial de acuerdo a las siguientes reglas, reguladas en el Art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores:
  • La reducción de jornada y de salario será de entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 75 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La reducción podrá alcanzar hasta el 85 por 100 en los supuestos legalmente previstos, siempre que el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con carácter indefinido y se cumplan los requisitos exigidos en materia de cotización.
  • En el contrato deben constar los elementos propios del contrato a tiempo parcial y, además, la jornada que realizaba antes y la que resulte de la reducción. Puede concentrarse la jornada en determinados periodos del año.
  • La novación del contrato a tiempo parcial no supone la pérdida de los derechos adquiridos ni de antigüedad.
  • La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.

Para el trabajador relevista también regula el Estatuto de los Trabajadores, en su Art. 12.7 las reglas a las que debe acogerse el contrato de relevo celebrado.

• Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Deberá concertarse por escrito, en modelo oficial, debiendo constar el nombre, edad y circunstancias profesionales del trabajador jubilado y las características del puesto que ocupará el relevista.
• La duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad legal ordinaria de jubilación que le corresponda. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por periodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.

La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial, pero, en todo caso, deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo que el del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Por último, es interesante señalar que actualmente, la transformación de un contrato de relevo en un contrato indefinido podrá dar derecho a los incentivos o beneficios en la cotización a la Seguridad Social que estén vigentes en cada momento, conforme a la normativa aplicable en materia de empleo.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros.

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Jubilación parcial first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Una de las principales medidas adoptadas es la prórroga hasta el ejercicio 2026 del régimen de libertad de amortización aplicable a determinadas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. Este incentivo fiscal permite que los elementos del inmovilizado material afectos a estas inversiones puedan amortizarse libremente, sin quedar sujetos a los coeficientes y períodos máximos establecidos con carácter general en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Desde un punto de vista práctico, esta medida tiene un impacto significativo en la determinación de la base imponible, puesto que posibilita anticipar la deducción fiscal del coste de la inversión, reduciendo la carga tributaria en los primeros ejercicios y mejorando la liquidez de las empresas inversoras. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante en proyectos vinculados a la transición energética, que suelen requerir elevadas inversiones iniciales con retornos a medio o largo plazo.

En la misma línea de incentivar comportamientos empresariales alineados con objetivos de sostenibilidad, el Real Decreto-ley amplía también hasta 2026 la libertad de amortización aplicable a determinados vehículos y a las nuevas infraestructuras de recarga. Esta medida afecta tanto a las empresas que renuevan o electrifican sus flotas como aquellas que realizan inversiones en puntos de recarga, ya sea para uso interno o para su explotación económica. Desde el punto de vista fiscal, la libertad de amortización permite adaptar mejor el ritmo de deducción del gasto al flujo real de caja generado por la inversión, minimizando el impacto del impuesto en las fases iniciales y favoreciendo la viabilidad económica de los proyectos. Al cierre del ejercicio 2025, estas prórrogas resultan relevantes a efectos de planificación, ya que permiten anticipar decisiones de inversión con certeza sobre el tratamiento fiscal aplicable en los ejercicios inmediatamente posteriores.

Por otra parte, el Real Decreto-ley mantiene una medida de gran trascendencia societaria con incidencia indirecta en el Impuesto sobre Sociedades: la prórroga de la suspensión del cómputo de las pérdidas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar la concurrencia de la causa legal de disolución prevista en el artículo 36. En concreto, se establece que estas pérdidas no se tendrán en cuenta hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026. Esta prórroga aporta un margen temporal adicional para que las empresas puedan restablecer el equilibrio patrimonial mediante la generación de resultados positivos, aportaciones de socios u otras medidas de saneamiento financiero, incurren en responsabilidad de los administradores.

En resumen, las medidas introducidas por el Real decreto ley 2/2026 en materia de Impuesto sobre Sociedades adquieren una especial relevancia en el contexto del cierre del ejercicio 2025. Tanto la prórroga de los incentivos a la inversión sostenible como el mantenimiento de mecanismos excepcionales de protección patrimonial ofrecen a las empresas un marco de mayor seguridad jurídica y fiscal que hay que tener presente tanto en el cálculo del impuesto como en la planificación de ejercicios futuros.

.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros.

.

Asesoría en Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN, SL

The post Cierre del ejercicio 2025: cómo afectan las nuevas medidas del Impuesto sobre Sociedades first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Ya se ha publicado la Orden HAC/1425/2025, de 9 de diciembre, por la que se desarrollan para el ejercicio 2026 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.

En términos generales, la Orden mantiene los mismos criterios que en 2025. No hay cambios relevantes ni en la estructura normativa ni en las actividades incluidas en ambos regímenes, y se conservan tanto las cuantías de los módulos como las instrucciones para su aplicación.

IRPF en estimación objetiva.

En el ámbito del IRPF, continúa aplicándose la reducción general del 5 % sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva. Esta reducción, vigente ya en 2024 y 2025, contrasta con los porcentajes más elevados aplicados en ejercicios anteriores (10 % en 2023 y 15 % en 2022). Conviene recordar que esta reducción también se tiene en cuenta a efectos del cálculo de los pagos fraccionados correspondientes a 2026.

Asimismo, se mantienen los índices de rendimiento neto reducidos para determinadas actividades agrícolas, en concreto para la uva de mesa, así como para las flores y plantas ornamentales, con un índice del 0,32, y para el cultivo de tabaco, con un índice del 0,26.

También continúan vigentes en 2026 los índices correctores introducidos en 2023. En las actividades ganaderas, se aplica un índice del 0,50 cuando más del 50 % de la alimentación del ganado procede de piensos y productos adquiridos a terceros, valorados a precio de mercado. Por su parte, en los cultivos realizados total o parcialmente en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica, el índice aplicable es del 0,75, siempre que el contribuyente o la comunidad de regantes estén debidamente inscritos en el registro territorial correspondiente.

Como novedad negativa, desaparece la reducción extraordinaria del 25 % del rendimiento neto que se aplicó en 2024 a las actividades desarrolladas en municipios afectados por la DANA ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

IVA en régimen simplificado.

En el régimen simplificado del IVA, se mantienen los porcentajes especiales aplicables a determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales. En concreto, el porcentaje para la cría, guarda y engorde de aves se fija en el 0,06625, mientras que para la apicultura se mantiene en el 0,070.

Renuncia o revocación del régimen de módulos.

Los contribuyentes que desarrollen actividades acogidas a estos regímenes y deseen renunciar o revocar una renuncia para el ejercicio 2026 disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el caso del IRPF, la renuncia a la estimación objetiva se entiende efectuada cuando el contribuyente presenta en plazo el pago fraccionado del primer trimestre aplicando el método de estimación directa. Si se trata de un inicio de actividad, la renuncia se produce igualmente al presentar el primer pago fraccionado en estimación directa.

Para el IVA, la renuncia al régimen simplificado se materializa con la presentación en plazo de la declaración del primer trimestre aplicando el régimen general. En los supuestos de inicio de actividad, bastará con presentar la primera declaración de IVA bajo el régimen general.

Límites excluyentes y prórroga pendiente.

Los llamados límites excluyentes son los importes que determinan qué contribuyentes pueden continuar tributando en el régimen de módulos del IRPF y en el régimen simplificado del IVA. Desde el ejercicio 2016 se vienen aplicando los mismos límites, a pesar de que los previstos con carácter general en la normativa son inferiores, gracias a sucesivas prórrogas aprobadas mediante norma con rango de Ley.

La situación actual puede resumirse en la siguiente comparativa:

Además de estos límites generales, deben tenerse en cuenta los límites específicos establecidos para determinadas actividades, que pueden restringir el acceso al régimen de módulos con independencia de los importes anteriores.

La prórroga de los límites superiores aplicables en 2026 continúa siendo el principal foco de incertidumbre, ya que su mantenimiento exige la aprobación de una norma legal expresa. Hasta que dicha prórroga se confirme, no puede darse por garantizada la continuidad de los límites actualmente vigentes.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros.

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Orden de módulos 2026. Qué se mantiene y qué cambia. first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

El fondo dotacional constituye el patrimonio mínimo, estable y afecto de manera permanente al cumplimiento de los fines de interés general de una fundación. Su configuración jurídica deriva tanto de la normativa estatal como, en el caso de Cataluña, de la normativa autonómica específica.

Las fundaciones con domicilio en Cataluña se rigen por la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña (CCC). De dicha norma destacan los siguientes aspectos:

• Art. 331-5 CCC: la dotación está compuesta por bienes o derechos con valor económico y debe ser adecuada para garantizar la viabilidad de la fundación.
• Art. 331-6 CCC: las aportaciones dotacionales (iniciales o posteriores) tienen carácter irrevocable y quedan afectas de forma permanente a los fines fundacionales.
• Arts. 333-1 y 333-2 CCC: el patrimonio dotacional solo puede ser enajenado con autorización del Protectorado de la Generalitat, y el producto debe reintegrarse a la dotación o invertirse nuevamente en bienes afectos.
• Art. 333-5 CCC: en caso de extinción, los bienes resultantes deben destinarse a otras entidades sin ánimo de lucro con fines de interés general, sin posibilidad de revertir a los fundadores o aportantes.

A nivel estatal, la Ley 50/2002, de Fundaciones, aplicable en todo el Estado y supletoria en Catalunya, coincide en los principios esenciales:

• La dotación debe ser adecuada y suficiente (art. 12).
• Los bienes dotacionales integran un patrimonio afecto con carácter permanente a los fines fundacionales.
• Su enajenación exige autorización del Protectorado (arts. 19–21).
• En caso de extinción, los bienes deben destinarse a otras entidades del sector no lucrativo (art. 33).

Tratamiento fiscal de las aportaciones a la dotación

La naturaleza jurídica de las aportaciones, irrevocables y sin contraprestación, determina que, a efectos fiscales, se califiquen como donativos o liberalidades. Esta interpretación ha sido reiterada por la Dirección General de Tributos en diversas consultas vinculantes, en particular las V1828-06 (Impuesto sobre Sociedades) y V1672-06 (IRPF).

Impuesto sobre Sociedades (IS)

Conforme al criterio administrativo establecido en la consulta V1828-06, las aportaciones a la dotación fundacional no constituyen gasto fiscalmente deducible, al tratarse de aportaciones realizadas a título gratuito y sin correlación con la obtención de ingresos.
Sin embargo, cuando la fundación está acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, estas aportaciones:

• se consideran donativos deducibles,
• dan derecho a una deducción en cuota del 40 %,
• con un límite del 15 % de la base imponible,
• y con posibilidad de aplicar el exceso en los diez ejercicios inmediatos y sucesivos.

IRPF (Ley 35/2006)

La consulta vinculante V1672-06 analizó la deducibilidad de las aportaciones realizadas por personas físicas al fondo dotacional, concluyendo su naturaleza de donativo siempre que sean irrevocables, puras y simples y se destinen de forma permanente a los fines fundacionales.

El tratamiento actual en el IRPF distingue dos escenarios:

1. Fundación acogida a la Ley 49/2002

El donante puede aplicar las deducciones del régimen estatal de mecenazgo:

• 80 % sobre los primeros 250 euros.
• 40 % sobre el exceso, o 45 % en caso de recurrencia de donaciones.
• Límite conjunto: 10 % de la base liquidable.

1. Fundación no acogida al régimen especial

En este caso es aplicable el régimen supletorio previsto en la Ley 35/2006:

• Art. 68.3.2º.b) LIRPF: se permite una deducción del 10 % de las cantidades donadas a fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al Protectorado.
• Límite: 10 % de la base liquidable (art. 69.1 LIRPF).

Requisitos para aplicar las deducciones fiscales

Para que las aportaciones sean fiscalmente deducibles deben cumplirse:

1. Aportación irrevocable, pura y simple, sin contraprestaciones.
2. Afectación permanente al fondo dotacional.
3. Emisión del certificado de donación conforme a la normativa vigente.
4. Rendición de cuentas al Protectorado correspondiente.
5. Para el régimen de la Ley 49/2002:
   • cumplimiento de los requisitos de los artículos 2 y 3,
   • y opción expresa por el régimen especial, que se comunica a través del modelo 036.

En resumen

1. El fondo dotacional constituye un patrimonio permanente, inalienable y no retornable, tanto bajo la Ley 4/2008 de Cataluña como bajo la Ley 50/2002 estatal.
2. Las aportaciones al fondo dotacional tienen naturaleza de donativo o liberalidad, al ser irrevocables y carentes de contraprestación.
3. En el Impuesto sobre Sociedades, las aportaciones no son gasto deducible, aunque pueden generar deducción del 40 % si la fundación está acogida a la Ley 49/2002.
4. En el IRPF, las aportaciones siempre son deducibles, ya sea bajo el régimen de mecenazgo (80/40/45 %) o, en su defecto, mediante la deducción del 10 % prevista en el artículo 68.3.2º.b) LIRPF.
5. Las aportaciones al fondo dotacional constituyen un instrumento eficaz de financiación de las fundaciones y un mecanismo fiscalmente ventajoso para los aportantes, siempre que se cumplan los requisitos legales.

.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Análisis sobre el fondo dotacional de una fundación y el tratamiento fiscal de las aportaciones realizadas al mismo first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Con motivo de la finalización del plazo establecido por el Real Decreto 893/2024, que vence el 14 de noviembre de 2025, publicamos este blog dirigido a las personas empleadoras del hogar familiar.
Con el objetivo de recordar la obligación legal de realizar la evaluación de riesgos laborales y disponer de la correspondiente documentación, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

El Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Esta norma, en vigor desde el 12 de septiembre de 2024, establece por primera vez un marco específico de prevención de riesgos laborales para las personas empleadoras que contraten personal al servicio del hogar familiar.

Entrada en vigor y aplicación de las obligaciones

Aunque el Real Decreto entró en vigor el 12 de septiembre de 2024, sus obligaciones no resultan exigibles hasta transcurridos seis meses desde la puesta a disposición de la herramienta a la que se refiere la Disposición Adicional Primera.

Dicha herramienta, de carácter gratuito, permite a las personas empleadoras cumplir de forma sencilla las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) dispuso de un plazo de diez meses desde la publicación de la norma para elaborar y poner a disposición de las personas empleadoras, a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones preventivas establecidas en los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto.

En cumplimiento de lo anterior, el INSST ha desarrollado una plataforma específica disponible en el portal Prevención10.es, que ofrece asistencia gratuita a las personas empleadoras del hogar en la gestión de los riesgos laborales.

Obligaciones de la persona empleadora

De acuerdo con el Real Decreto 893/2024, la persona empleadora que contrate personal al servicio del hogar familiar deberá:

1. Realizar una evaluación de riesgos laborales en el domicilio donde se presten los servicios.
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir dichos riesgos.
3. Facilitar los equipos de trabajo y de protección individual adecuados para garantizar la seguridad y la salud de la persona trabajadora.
4. Proporcionar información y formación adecuada y suficiente sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas.
5. Garantizar la vigilancia de la salud, cuando proceda, en función de la naturaleza de las tareas desempeñadas.

Plataforma Prevención10 – Hogar Familiar

La herramienta desarrollada por el INSST, está diseñada para permitir a la persona empleadora realizar una evaluación de riesgos del domicilio y planificar las medidas preventivas que resulten necesarias.

El sistema solicita información sobre el número de personas contratadas y las tareas que realizan, a fin de generar una evaluación adaptada a cada caso concreto.

A través de un formulario tipo “checklist”, la herramienta permite identificar posibles riesgos en el puesto de trabajo y verificar si se han adoptado medidas preventivas. En caso contrario, sugiere soluciones prácticas, generalmente sin coste económico.

Asimismo, la plataforma proporciona información sobre los equipos de protección individual necesarios y sus características técnicas.

Documentación y conservación de registros

Al finalizar el proceso, la herramienta genera un informe con el resumen de la evaluación de riesgos y una planificación de las medidas preventivas a adoptar. Este documento cumple con la obligación legal de realizar la evaluación y planificar la actividad preventiva.

De dicho informe deben conservarse dos copias:

• una para la persona empleadora, y
• otra para la persona trabajadora.

De este modo se garantiza el cumplimiento de la obligación de informar a la persona trabajadora sobre los riesgos existentes y las medidas de prevención adoptadas.

Las personas empleadoras deben asegurarse de haber completado la evaluación de riesgos y conservado la documentación correspondiente, garantizando así que el entorno en el que se desarrollan las tareas domésticas sea seguro, saludable y conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Recordatorio sobre el cumplimiento del Real Decreto 893/2024. Evaluación de Riesgos Laborales en el Servicio del Hogar Familiar. first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

Ahora que nos encontramos a las puertas de la entrada en vigor del nuevo sistema Verifactu, es aún más relevante tener claras las implicaciones de emitir las facturas de forma correcta, tanto desde el punto de vista formal como fiscal. Conocer qué, cómo y cuándo debe facturarse será fundamental para adaptarse a las nuevas exigencias de control tributario y digitalización.

Cuando es obligatorio emitir factura

Según el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, los empresarios y profesionales están obligados a emitir factura en los siguientes casos:

• Cuando realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a otros empresarios o profesionales.
• Cuando el destinatario es una Administración pública o persona jurídica, aunque no actúe como empresario.
• Cuando el cliente solicita expresamente su factura.
• En exportaciones u operaciones intracomunitarias.
• En entregas a particulares si se trata de ventas a distancia o servicios prestados por vía electrónica.

Sin embargo, existen operaciones internas exentas de IVA en las que no es necesario emitir factura, salvo que el cliente la solicite. Entre éstas encontramos:

• Operaciones financieras y aseguradoras, como préstamos, créditos o seguros.
• Arrendamientos de viviendas destinadas a uso residencial.
• Determinadas actividades educativas exentas, cuando las imparten entidades no empresariales (p. ej. centros públicos o fundaciones).

Plazo para emitir una factura

Las facturas se expedirán en el momento de realizar la operación o, como máximo, hasta el día 15 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el hecho imponible o se haya recibido un pago anticipado.

Detalle de los diferentes plazos de expedición y envío de las facturas, en función de la condición del destinatario o de la naturaleza de las operaciones:

Tipo de facturas

La normativa distingue dos tipos principales:

1. Factura completa u ordinaria: Incluye todos los datos exigidos legalmente: identificación completa del emisor y del destinatario, descripción de la operación, base imponible, tipo y cuota de IVA, fecha, numeración correlativa y otros elementos obligatorios.
2. Factura simplificada: Puede emitirse cuando el importe total no supera 400 euros (IVA incluido), o hasta 3.000 euros (IVA incluido) en determinados sectores (hostelería, comercio al por menor, taxis, aparcamientos, etc.).

En este tipo de factura no es necesario identificar al destinatario (nombre, NIF o domicilio), excepto si:

• El cliente es empresario o profesional y desea deducirse el IVA.
• El cliente lo solicita expresamente.

Por tanto, es un formato especialmente útil para operaciones menores o ventas directas a consumidores finales, ya que simplifica el proceso sin perder validez fiscal. Hay que recordar que debe constar la cuota repercutida, consignándose de forma separada.

La fecha de operación y su importancia fiscal

La fecha de operación es el momento en que se ejecuta efectivamente la entrega del bien o prestación del servicio.

Esta fecha puede no coincidir con la de emisión de la factura, pero es determinante para:

• Fijar el momento del devengo del IVA, es decir, cuando nace la obligación de repercutirlo.
• Determinar el período de declaración en el que debe incluirse la factura (trimestral o mensual).
• Alinear ingresos y gastos dentro del propio ejercicio fiscal, garantizando coherencia contable.

En operaciones recurrentes o de suministro continuado (servicios mensuales, arrendamientos, mantenimientos, etc.), la fecha de operación corresponde al último día del período facturado, aunque la factura se emita posteriormente. En estos casos el devengo se pospone y se produce al vencimiento.

En entregas puntuales o únicas, la fecha de operación coincide con el momento de la entrega del bien o la prestación del servicio.

En definitiva, la fecha de operación prevalecerá sobre la de emisión a efectos fiscales y deberá indicarse siempre que no coincidan.

.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Facturación: obligaciones, plazos y tipología first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.

El Real decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, ha ampliado el permiso de nacimiento y cuidado mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El cambio más relevante es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasa de 16 a 19 semanas por progenitor y hasta 32 semanas para familias monoparentales.

Funcionamiento del permiso en familias con dos progenitores .

• Primeras 6 semanas: se disfrutarán obligatoriamente de forma inmediata después del parto o la adopción, y siempre a jornada completa.
• 11 semanas siguientes: se pueden utilizar de forma continuada o interrumpida hasta que el menor cumpla 12 meses. Estas semanas podrán realizarse a jornada entera o parcial, con acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.
• 2 semanas adicionales de permiso retribuido por cuidado del menor: se añaden a las anteriores, llegando así a un total de 19 semanas. Pueden solicitarse hasta que el menor tenga 8 años.

Este nuevo permiso retribuido es independiente de las 8 semanas de permiso no retribuido que ya existían por cuidado de hijos menores de 8 años.

Además, se podrán acoger con efectos retroactivos a las familias con hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, pero no se podrá solicitar hasta el 1 de enero de 2026.

Funcionamiento del permiso en familias monoparentales.

• El permiso de nacimiento se amplía de 26 a 28 semanas.
• Primeras 6 semanas: de uso obligatorio e ininterrumpido después del parto.
• 22 semanas restantes: se pueden distribuir en períodos mínimos de una semana, hasta que el menor cumpla 12 meses.
• El permiso retribuido por cuidado también se duplica, pasando a 4 semanas para la crianza de hijos menores de 8 años.

En total, las familias monoparentales podrán disfrutar de 32 semanas de permiso entre nacimiento y cuidado.

Condiciones generales.

• La ampliación de los permisos es asumida por la Seguridad Social, calculando la prestación con el 100% de la base reguladora.
• La persona trabajadora debe comunicar a la empresa el ejercicio de este derecho con una antelación mínima de 15 días.
• Si ambos progenitores trabajan en la misma empresa, ésta puede limitar el uso simultáneo del permiso por razones fundadas y objetivas, que tendrán que ser justificadas por escrito.

Si esta información ha sido de su interés puede compartirla. Si necesita información más detallada puede contactar con nosotros

Asesoría en Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

The post Cambios recientes en los permisos de nacimiento y cuidado y cómo afectan a las familias monoparentales first appeared on Assessoria SM Gestió (Barcelona) Fiscal, laboral.