A raíz de las modificaciones normativas aprobadas en los últimos años, se han mejorado las condiciones de esta reserva para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2025, de la siguiente manera:

Esta ventaja fiscal puede ser aplicada por los contribuyentes sujetos al tipo general del 25 por ciento, al tipo del 23 por ciento o al tipo del 30 por ciento, según lo previsto en los artículos 29.1 y 29.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

También se incluyen las entidades de nueva constitución que desarrollen actividades económicas y tributen al tipo del 15 por ciento durante el primer período impositivo en el que su base imponible sea positiva y el siguiente.

Requisitos

Los contribuyentes que apliquen la reserva de capitalización tendrán derecho a una reducción de la base imponible del 20 por ciento sobre el incremento de sus fondos propios, siempre que cumplan los siguientes requisitos.

Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 23 por ciento, el 26,5 por ciento o el 30 por ciento cuando la plantilla media total del contribuyente durante el período impositivo haya aumentado con respecto al año anterior, en los términos previstos por la ley.

Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un período de 3 años a partir del final del ejercicio fiscal al que se aplica esta reducción, salvo que la entidad registre pérdidas contables.

A efectos de determinar dicho incremento, no se considerarán como patrimonio neto al inicio y al final del ejercicio fiscal, entre otros:

• Los resultados del mismo ejercicio y los resultados del ejercicio anterior.
• Las aportaciones de los socios.
• Las ampliaciones de capital o de patrimonio neto mediante compensación de créditos.
• Aumentos del patrimonio neto derivados de operaciones con acciones propias o de reestructuraciones.
• Reservas legales o estatutarias.

Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta a la hora de determinar si el aumento del patrimonio neto se mantiene en cada período impositivo en el que sea exigible.

La reserva de capitalización constituida formará parte del patrimonio neto al inicio y al final del ejercicio, al igual que las demás partidas que lo componen y que no se excluyen a efectos de determinar su incremento y posterior mantenimiento.

Deberá constituirse una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con una separación clara y un epígrafe adecuado, y no podrá disponerse de ella durante 3 años.

No se considerará que la reserva ha sido utilizada, entre otras circunstancias, cuando un socio ejerza el derecho de retirada, en determinadas operaciones de reestructuración societaria o cuando su aplicación sea impuesta por obligación legal.

El incumplimiento de los requisitos para la reducción correspondiente a la reserva de capitalización dará lugar al ajuste de los importes indebidamente reducidos, así como a los correspondientes intereses de demora.

Límite de reducción

La reducción de la base imponible no podrá exceder en ningún caso del 20 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo anterior a dicha reducción.

Para los contribuyentes cuyo volumen de negocios neto sea inferior a 1 millón de euros, este límite será del 25 por ciento.

Insuficiencia de la base imponible

En caso de que la base imponible sea insuficiente para aplicar la reducción, los importes pendientes podrán aplicarse durante los ejercicios fiscales que finalicen en los 2 años inmediatamente posteriores al cierre del ejercicio fiscal en el que se generó el derecho a la reducción.

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Con la publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas y entidades con 50 o más personas trabajadoras quedaron obligadas a implementar un Sistema Interno de Información.

La Ley subraya la importancia de contar con sistemas internos que faciliten la gestión de información y aseguren el cumplimiento de los estándares éticos y legales.

Cronología de la obligación

Desde 13 de junio de 2023, estaban obligadas a su implementación las empresas privadas con 250 o más personas trabajadoras, así como aquellas sujetas a regulaciones específicas, como la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Desde 1 de diciembre de 2023, la obligación se amplió a todas las empresas y entidades con 50 o más personas trabajadoras.

La norma también aplica a las administraciones públicas.

Finalidad del Sistema Interno de Información

El objetivo principal del Sistema Interno es proteger a las personas informantes frente a posibles represalias, fortaleciendo:

• La cultura de la información y comunicación dentro de la organización.
• Las infraestructuras de integridad de las entidades.
• La prevención y detección de actuaciones irregulares.

Las organizaciones deben garantizar que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima, tanto por trabajadores como por otros terceros vinculados a la entidad que tengan información sobre infracciones en el contexto laboral o profesional.

En la práctica, los canales de denuncia suelen permitir la comunicación de hechos constitutivos de acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo y otros actos de acoso o discriminación.

Los nuevos Sistemas de Información Interno deben integrar todos los canales internos existentes, incluyendo los relacionados con situaciones de acoso.

Implementación y gestión

Implementar un sistema requiere planificación y ejecución cuidadosa para cumplir con la normativa y evitar posibles sanciones. Los pasos principales incluyen:

1. Elección del canal interno de información:
   • Debe permitir comunicaciones anónimas y garantizar la confidencialidad.
   • Respetar los principios de presunción de inocencia y honor de las personas afectadas.
   • Asegurar la confidencialidad durante todo el proceso de investigación.
2. Plazos y recepción de información:
   • Acreditar recibo de las comunicaciones en 7 días.
   • Completar la investigación en un plazo máximo de 3 meses.
3. Consulta y formalización:
   • Someter el canal a consulta de la Representación Legal de los Trabajadores.
   • Formalizarlo mediante acta de acuerdos por el órgano de administración.
   • Redactar la política interna, incluyendo:
     • Principios de funcionamiento.
     • Designación de la persona responsable de la gestión.
     • Garantías para todas las personas implicadas en el procedimiento.
4. Comunicación interna y externa:
   • Informar a trabajadores y proveedores sobre la existencia del sistema implementado y cómo utilizarlo. 

Consideraciones para grupos de empresas

La normativa contempla la política general del Sistema Interno de Información para grupos de empresas según el artículo 42 del Código de Comercio. La extensión de políticas internas a todas las sociedades del grupo o el nombramiento de un responsable único puede ser un indicio de la existencia de grupo de empresa a efectos laborales, un aspecto relevante a considerar al configurar el sistema.

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Este blog analiza cómo funciona este incentivo fiscal y su impacto en la tributación de las pymes.

Marco normativo

La normativa se recoge en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

Según esta normativa:

• Las empresas con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros se consideran pequeñas y medianas empresas.
• Estas empresas pueden acogerse a diversos incentivos fiscales específicos.
• Un ejemplo destacado es la amortización acelerada de los nuevos activos fijos tangibles e intangibles y de las inversiones inmobiliarias utilizadas en una actividad empresarial.

La normativa permite aplicar una tasa de amortización doble de la tasa máxima de amortización lineal establecida en las tablas fiscales, lo que permite que una mayor proporción del coste del activo sea deducible fiscalmente en los primeros años.

Tratamiento contable y diferencias temporales

Desde el punto de vista contable, la amortización se contabiliza de acuerdo con la vida útil estimada del activo, siguiendo los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad y, por lo general, utilizando porcentajes similares a los de las tablas de amortización.

Por el contrario, la normativa fiscal permite a las pymes aumentar la tasa de amortización a efectos fiscales mediante la aplicación de la amortización acelerada.

Esta diferencia entre:

• la amortización contable, y
• la amortización fiscalmente deducible

genera una diferencia temporal entre el resultado contable y la base imponible a efectos fiscales.

Esta diferencia es temporal porque:

• en los primeros años, el gasto fiscal es superior al contable
• en los años siguientes, la situación se invierte

Por consiguiente, no se trata de una reducción permanente del impuesto, sino de un aplazamiento temporal de la carga fiscal.

Ejemplo práctico

• Supongamos que una pyme adquiere una máquina por valor de 100 000 €.
• Tasa de amortización según las tablas: 10 % anual.
• Amortización contable normal
• Amortización anual:
• 100 000 × 10 % = 10 000 €
• Plazo: 10 años
• Amortización fiscal acelerada
• Tasa doble para pymes: 20 %
• Amortización fiscal anual:
• 100 000 × 20 % = 20 000 €
• Duración aproximada: 5 años
• Diferencia temporal generada

Primer año:

Si el tipo impositivo es del 24 %, la reducción fiscal temporal será: 10 000 × 24 % = 2 400 €

Esto significa que la pyme paga menos impuestos en los primeros años, lo que mejora su flujo de caja, aunque esta diferencia se compensará en el futuro.

La amortización acelerada es uno de los incentivos fiscales más importantes del régimen de pequeñas empresas. Este mecanismo permite adelantar la deducción fiscal del coste de los activos, reduciendo así la base imponible en los primeros años.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y contable, este incentivo genera diferencias temporales entre el resultado contable y la base imponible, ya que la amortización contable se calcula en función de la vida útil del activo, mientras que la normativa fiscal permite tasas más elevadas.

Por lo tanto, la amortización acelerada no reduce el impuesto de forma permanente, sino que permite aplazar parte de la carga fiscal, lo que puede contribuir a mejorar la capacidad de inversión y la liquidez de las pymes.

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Los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, que reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva de la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación parcial con o sin contrato de relevo.

En esta entrada se destacan las características y requisitos para acceder a la jubilación parcial mediante un contrato de relevo.

Jubilación parcial con contrato de relevo

Los trabajadores con contrato de trabajo a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo y cuando reúnan los siguientes requisitos:

• Deberán estar contratados a jornada completa y debe celebrarse simultáneamente un contrato de relevo.
• La edad mínima será (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):
• • Si tienen la condición de “mutualistas”, 60 años de edad real.
  • Si no tienen la condición de mutualistas, la edad mínima se determinará en cada momento conforme al calendario legal vigente, en función de los períodos de cotización acreditados, de acuerdo con la normativa transitoria aplicable hasta el año 2027.
  • Si no tienen la condición de mutualista y están afectados por la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la LGSS, 61 años de edad real.
• Cumplir con el período mínimo de cotización:
  • 33 años de cotizaciones efectivas, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año.
  • 30 años de cotizaciones efectivas, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras, ni el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, para quienes resulte de aplicación la disposición transitoria cuarta, apartado 5.
  • 25 años, en el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, a partir de 01-01-2013.
• Se exige una antigüedad en la empresa de al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del E.T, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
• El trabajador que accede a la jubilación parcial, relevado, pactará con su empresa la transformación de su contrato a tiempo parcial de acuerdo a las siguientes reglas, reguladas en el Art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores:
  • La reducción de jornada y de salario será de entre un mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 75 por 100, conforme a lo previsto en el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La reducción podrá alcanzar hasta el 85 por 100 en los supuestos legalmente previstos, siempre que el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con carácter indefinido y se cumplan los requisitos exigidos en materia de cotización.
  • En el contrato deben constar los elementos propios del contrato a tiempo parcial y, además, la jornada que realizaba antes y la que resulte de la reducción. Puede concentrarse la jornada en determinados periodos del año.
  • La novación del contrato a tiempo parcial no supone la pérdida de los derechos adquiridos ni de antigüedad.
  • La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.

Para el trabajador relevista también regula el Estatuto de los Trabajadores, en su Art. 12.7 las reglas a las que debe acogerse el contrato de relevo celebrado.

• Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Deberá concertarse por escrito, en modelo oficial, debiendo constar el nombre, edad y circunstancias profesionales del trabajador jubilado y las características del puesto que ocupará el relevista.
• La duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad legal ordinaria de jubilación que le corresponda. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por periodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.

La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial, pero, en todo caso, deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo que el del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Por último, es interesante señalar que actualmente, la transformación de un contrato de relevo en un contrato indefinido podrá dar derecho a los incentivos o beneficios en la cotización a la Seguridad Social que estén vigentes en cada momento, conforme a la normativa aplicable en materia de empleo.

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Una de las principales medidas adoptadas es la prórroga hasta el ejercicio 2026 del régimen de libertad de amortización aplicable a determinadas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. Este incentivo fiscal permite que los elementos del inmovilizado material afectos a estas inversiones puedan amortizarse libremente, sin quedar sujetos a los coeficientes y períodos máximos establecidos con carácter general en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Desde un punto de vista práctico, esta medida tiene un impacto significativo en la determinación de la base imponible, puesto que posibilita anticipar la deducción fiscal del coste de la inversión, reduciendo la carga tributaria en los primeros ejercicios y mejorando la liquidez de las empresas inversoras. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante en proyectos vinculados a la transición energética, que suelen requerir elevadas inversiones iniciales con retornos a medio o largo plazo.

En la misma línea de incentivar comportamientos empresariales alineados con objetivos de sostenibilidad, el Real Decreto-ley amplía también hasta 2026 la libertad de amortización aplicable a determinados vehículos y a las nuevas infraestructuras de recarga. Esta medida afecta tanto a las empresas que renuevan o electrifican sus flotas como aquellas que realizan inversiones en puntos de recarga, ya sea para uso interno o para su explotación económica. Desde el punto de vista fiscal, la libertad de amortización permite adaptar mejor el ritmo de deducción del gasto al flujo real de caja generado por la inversión, minimizando el impacto del impuesto en las fases iniciales y favoreciendo la viabilidad económica de los proyectos. Al cierre del ejercicio 2025, estas prórrogas resultan relevantes a efectos de planificación, ya que permiten anticipar decisiones de inversión con certeza sobre el tratamiento fiscal aplicable en los ejercicios inmediatamente posteriores.

Por otra parte, el Real Decreto-ley mantiene una medida de gran trascendencia societaria con incidencia indirecta en el Impuesto sobre Sociedades: la prórroga de la suspensión del cómputo de las pérdidas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar la concurrencia de la causa legal de disolución prevista en el artículo 36. En concreto, se establece que estas pérdidas no se tendrán en cuenta hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026. Esta prórroga aporta un margen temporal adicional para que las empresas puedan restablecer el equilibrio patrimonial mediante la generación de resultados positivos, aportaciones de socios u otras medidas de saneamiento financiero, incurren en responsabilidad de los administradores.

En resumen, las medidas introducidas por el Real decreto ley 2/2026 en materia de Impuesto sobre Sociedades adquieren una especial relevancia en el contexto del cierre del ejercicio 2025. Tanto la prórroga de los incentivos a la inversión sostenible como el mantenimiento de mecanismos excepcionales de protección patrimonial ofrecen a las empresas un marco de mayor seguridad jurídica y fiscal que hay que tener presente tanto en el cálculo del impuesto como en la planificación de ejercicios futuros.

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Ahora que nos encontramos a las puertas de la entrada en vigor del nuevo sistema Verifactu, es aún más relevante tener claras las implicaciones de emitir las facturas de forma correcta, tanto desde el punto de vista formal como fiscal. Conocer qué, cómo y cuándo debe facturarse será fundamental para adaptarse a las nuevas exigencias de control tributario y digitalización.

Cuando es obligatorio emitir factura

Según el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, los empresarios y profesionales están obligados a emitir factura en los siguientes casos:

• Cuando realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a otros empresarios o profesionales.
• Cuando el destinatario es una Administración pública o persona jurídica, aunque no actúe como empresario.
• Cuando el cliente solicita expresamente su factura.
• En exportaciones u operaciones intracomunitarias.
• En entregas a particulares si se trata de ventas a distancia o servicios prestados por vía electrónica.

Sin embargo, existen operaciones internas exentas de IVA en las que no es necesario emitir factura, salvo que el cliente la solicite. Entre éstas encontramos:

• Operaciones financieras y aseguradoras, como préstamos, créditos o seguros.
• Arrendamientos de viviendas destinadas a uso residencial.
• Determinadas actividades educativas exentas, cuando las imparten entidades no empresariales (p. ej. centros públicos o fundaciones).

Plazo para emitir una factura

Las facturas se expedirán en el momento de realizar la operación o, como máximo, hasta el día 15 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el hecho imponible o se haya recibido un pago anticipado.

Detalle de los diferentes plazos de expedición y envío de las facturas, en función de la condición del destinatario o de la naturaleza de las operaciones:

Tipo de facturas

La normativa distingue dos tipos principales:

1. Factura completa u ordinaria: Incluye todos los datos exigidos legalmente: identificación completa del emisor y del destinatario, descripción de la operación, base imponible, tipo y cuota de IVA, fecha, numeración correlativa y otros elementos obligatorios.
2. Factura simplificada: Puede emitirse cuando el importe total no supera 400 euros (IVA incluido), o hasta 3.000 euros (IVA incluido) en determinados sectores (hostelería, comercio al por menor, taxis, aparcamientos, etc.).

En este tipo de factura no es necesario identificar al destinatario (nombre, NIF o domicilio), excepto si:

• El cliente es empresario o profesional y desea deducirse el IVA.
• El cliente lo solicita expresamente.

Por tanto, es un formato especialmente útil para operaciones menores o ventas directas a consumidores finales, ya que simplifica el proceso sin perder validez fiscal. Hay que recordar que debe constar la cuota repercutida, consignándose de forma separada.

La fecha de operación y su importancia fiscal

La fecha de operación es el momento en que se ejecuta efectivamente la entrega del bien o prestación del servicio.

Esta fecha puede no coincidir con la de emisión de la factura, pero es determinante para:

• Fijar el momento del devengo del IVA, es decir, cuando nace la obligación de repercutirlo.
• Determinar el período de declaración en el que debe incluirse la factura (trimestral o mensual).
• Alinear ingresos y gastos dentro del propio ejercicio fiscal, garantizando coherencia contable.

En operaciones recurrentes o de suministro continuado (servicios mensuales, arrendamientos, mantenimientos, etc.), la fecha de operación corresponde al último día del período facturado, aunque la factura se emita posteriormente. En estos casos el devengo se pospone y se produce al vencimiento.

En entregas puntuales o únicas, la fecha de operación coincide con el momento de la entrega del bien o la prestación del servicio.

En definitiva, la fecha de operación prevalecerá sobre la de emisión a efectos fiscales y deberá indicarse siempre que no coincidan.

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